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Bancamiga

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el diputado Jorge Ávalos Mariño (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) habló del proyecto de ley que propone incluir al Congreso Nacional entre las excepciones al secreto bancario , a fin de evitar que el Banco Central del Paraguay (BCP) envíe documentos tachados ante los pedidos de informes de los parlamentarios

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el diputado Jorge Ávalos Mariño (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) habló del proyecto de ley que propone incluir al Congreso Nacional entre las excepciones al secreto bancario , a fin de evitar que el Banco Central del Paraguay (BCP) envíe documentos tachados ante los pedidos de informes de los parlamentarios.

El proyecto de ley, que nació en respuesta al envío de documentos casi totalmente censurados por parte del BCP en el marco de una investigación a Darío Messer , cambista brasileño condenado en su país por lavado de dinero y amigo personal del expresidente Horacio Cartes , figuraba en el orden del día de la sesión ordinaria de ayer en la Cámara Baja, pero su tratamiento finalmente fue pospuesto por ocho días.

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El diputado Ávalos explicó que esa postergación se dio para permitir una revisión más minuciosa de la propuesta de legislación a fin de establecer con precisión las atribuciones del Congreso, antes de que la propuesta sea dictaminada y tratada por el pleno.

El legislador liberal comentó que al menos los miembros de la oposición están de acuerdo en aprobar el proyecto.

¿Qué propone el proyecto? El proyecto de ley establece que el BCP estará obligado a proveer “las informaciones solicitadas por las Cámaras del Congreso y las comisiones de investigación, conforme con lo establecido en los artículos 192 y 195 de la Constitución”.

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“El Banco Central del Paraguay (BCP), deberá responder los pedidos con toda la información requerida en documentación certificada por el Presidente de la entidad, sin alterar el contenido del material”, agrega el proyecto de ley, que además aclara que la provisión de estos datos, no implica la violación del secreto bancario.

Según se establece en la propuesta legislativa, tanto la institución remitente como la receptora, deberán “adoptar las medidas pertinentes para garantizar la inviolabilidad de la información solicitada”.

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El Senado dio media sanción el pasado 30 de junio y tiene sanción ficta el próximo 5 de octubre.